TEMA 1: ESPAÑA EN SU CONTEXTO Y DIVERSIDAD TERRITORIAL
1)
El
proceso de la organización político-administrativa de España
2)
Las
Comunidades Autónomas y las regiones
3)
España
en la UE
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1)
El
proceso de la organización político-administrativa de España
La
organización territorial de España ha pasado por numerosas variaciones a lo
largo de la historia, desde que en el 197 a. C. los romanos establecieran las
primeras provincias. Con todo, hay que esperar al siglo XVIII y a la dinastía
borbónica para encontrar la primera división que intenta racionalizar la
administración y uniformizar el territorio.
Efectivamente,
Felipe V aprovechó su triunfo militar en la Guerra de Sucesión para implantar
un estado centralista dividido administrativamente en capitanías generales (más
tarde provincias) y en intendencias, estructura que también se implantó en los
dominios americanos. Únicamente Navarra y las llamadas Vascongadas conservaron
sus particularidades institucionales. Como el sistema jurisdiccional del
Antiguo Régimen siguió vigente, el reparto final de territorios resultaba
caótico. Sus sucesores buscaron una organización más homogénea, destacando las
reformas emprendidas por Carlos IV.
En 1810 el gobierno de José
I diseñó reparto en prefecturas, según modelo francés, que hacía tabla de los
condicionantes históricos y que no prosperó. En los siguientes veinte años, en
España se asiste a la confrontación entre el Antiguo
Régimen y el Estado liberal,
con dos conceptos antagónicos de gobierno. El Estado liberal necesita una nueva
ordenación del territorio, que le permita gobernar el país de manera uniforme,
recaudar impuestos y crear un mercado único con leyes iguales para todos. Este
enfrentamiento se refleja
en los sucesivos proyectos de divisiones provinciales promovidos por las Cortes
de Cádiz y por las del Trienio Liberal y que no llegaron a aplicarse por la
reacción absolutista.
Hay que esperar a la muerte de Fernando VII,
para que el gobierno emprende la reforma completa de la organización
territorial. Así en 1833, el secretario de Estado de
Fomento, Javier
de Burgos, creó un Estado centralizado,
dividido en 49 provincias y 15 regiones. Las provincias recibieron el
nombre de sus capitales excepto Navarra y las tres provincias vascongadas. La estructura provincial sigue vigente con algunas modificaciones,
siendo la más importante la división de la provincia de Canarias en dos (Las
Palmas y Santa Cruz de Tenerife) en 1927.
Aunque en esta división las provincias se
agrupaban en regiones, estas carecían de funciones políticas y administrativas,
siendo simples referencias históricas, paisajísticas o folclóricas. No
obstante, el sentimiento de pertenencia regional pervivió e influyó por una
parte en la adhesión al carlismo o tradicionalismo (que prometía salvaguardar
los fueros) y por otra en los partidarios de la federalización, destacando el
Proyecto de Constitución Federal de 1873 de la Primera República Española.
La Restauración
de la monarquía borbónica trajo consigo un período de intensa centralización.
Como reacción surgieron distintos movimientos regionalistas. La Segunda República intentó resolver
estas contradicciones declarando que España era un estado integral compatible
con la autonomía de municipios y regiones. Cataluña y el País Vasco pidieron y
plebiscitaron afirmativamente sus estatutos de autonomía, pero el estallido de
la Guerra Civil impidió el de Galicia y otras regiones. Al finalizar el
conflicto, el franquismo implantó un
estado unitario que abolió los estatutos de autonomía, reprimió el nacionalismo
al identificarlo con el separatismo e impuso una estricta centralización.
No obstante, no pudo acabar con las
aspiraciones nacionalistas. De hecho, la organización territorial de España fue
uno de los principales retos de los primeros gobiernos de Juan Carlos I. La transición,
caracterizada por el consenso entre la mayoría de las fuerzas políticas,
permitió pasar de un Estado autoritario, sin libertades, a otro democrático, y
de un Estado centralista a otro unitario pero descentralizado, articulado en autonomías,
ciudades autónomas, provincias
y municipios.
- El municipio es la entidad territorial básica. El gobierno y la
administración municipal corresponden al Ayuntamiento, integrado por el alcalde
y los concejales. Los concejales se eligen por los vecinos del municipio por
sufragio universal, y el alcalde es elegido por los concejales.
- La provincia es una entidad territorial local formada por una
agrupación de municipios. El gobierno y la administración provinciales
corresponden a la Diputación, integrada por un presidente y diputados. Entre
1980 y 1983 las provincias de Logroño, Santander y Oviedo pasaron a denominarse
La Rioja, Cantabria y Asturias, respectivamente.
- La comunidad autónoma es una entidad territorial formada por
provincias limítrofes, territorios insulares, o provincias con entidad regional
histórica, dotadas de autonomía legislativa y capacidad de autogobierno sobre
los asuntos de su competencia. Las
comunidades uniprovinciales carecen de diputaciones.
- La ciudad autónoma es una división superior al de
municipio e inferior al de comunidad autónoma. Las Ciudades Autónomas tienen un
territorio muy reducido y su parlamento no puede aprobar leyes.
Otras demarcaciones político-administrativas
son las comarcas, las mancomunidades los territorios forales (para Navarra y País Vasco), las parroquias (propias de Galicia y
Asturias), los consejos insulares
(para Baleares) y los cabildos (para
Canarias):
2)
El
proceso de la organización político-administrativa de España
Como queda dicho, la
división territorial de Javier de Burgos agrupaba las provincias en 15 regiones, si bien esta medida tenía un carácter meramente clasificatorio, sin
reservar para éstas ningún tipo de competencia u órgano administrativo o
jurisdiccional común a las provincias que agrupaban. Estas quince regiones,
conocidas actualmente como regiones tradicionales, eran Andalucía, Aragón,
Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva (Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara, Madrid y Toledo), Castilla la Vieja (Ávila, Burgos, Logroño,
Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid), Cataluña, Extremadura,
Galicia, León (León, Salamanca y Zamora), Murcia (Albacete y Murcia), Navarra,
Valencia y Vascongadas.
La
llegada de la democracia supone la creación de una nueva organización
territorial basada en Comunidades Autónomas para responder al deseo de autogobierno
de algunas regiones, al afán de modernizar las estructuras del estado, a la
necesidad de emprender políticas de desarrollo regional y en la adecuación de
las nuevas realidades económicas, sociales, culturales al marco territorial.
Por ello, el título VIII de la
Constitución establece un Estado
unitario pero descentralizado, articulado en autonomías, provincias y
municipios. Esta configuración territorial recibe el nombre de Estado de las Autonomías. En el mismo,
el Gobierno central se reserva la exclusividad de ciertas competencias
(relaciones internacionales, defensa, sistema monetario y hacienda) y las
comunidades autónomas asumen otras (educación, sanidad, medioambiente, turismo,
etc.) recogidas en sus respectivos estatutos
de autonomía. Al declarar la Constitución que España está integrada por nacionalidades (en alusión al País
Vasco, Cataluña y Galicia) y regiones,
implícitamente está admitiendo hechos diferenciales entre los distintos
territorios del Estado. Sin embargo, la misma Constitución establece el
principio de solidaridad y el equilibrio
económico entre las distintas comunidades autónomas.
La
construcción del Estado de las Autonomías pasó por dos etapas: la preautonomía
y el régimen autonómico, basado en los diferentes estatutos de autonomía. La
Constitución establecía dos vías para acceder a la autonomía: la llamada vía rápida, prevista en el artículo 151, para las nacionalidades
históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia), a la que se unió Andalucía, otra vía general más lenta, conforme al artículo 143, para el resto de
regiones. Navarra, por su parte, optó por constituirse en Comunidad Foral mediante el Amejoramiento
del Fuero.
En 1979 fueron aprobados los Estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña; en 1981 los de Galicia y Andalucía; y
entre 1982 y 1983, ya con el
gobierno socialista de Felipe González, los del resto de comunidades autónomas (Principado de Asturias, Cantabria,
Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Canarias, Castilla-La Mancha, Región de
Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Castilla y
León y Comunidad de Madrid.) Finalmente, en 1995 se constituyeron las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla. Con
ello quedó configurado el mapa territorial de España, compuesto por 17 comunidades autónomas y 2 ciudades
autónomas.
3)
España
en la U.E.
España ingresó en la
Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986, casi treinta años después de su
constitución. Las razones de este retraso fueron esencialmente políticas: el
carácter antidemocrático del régimen franquista llevó a la CEE a rechazar las
peticiones de integración española. Además, su estructura económica y social
presentaba un notable retraso respecto a la de los países comunitarios.
En la integración española
en Europa pesaron factores políticos y económicos:
a) Políticamente, la democratización iniciada a la muerte de Franco
(1975), con la celebración de elecciones libres (1977) y la promulgación de la
Constitución (1978), permitió a España iniciar las conversaciones para ingresar
en la CEE. La entonces Comunidad Económica Europea veía en la integración una
forma de afianzar en España la naciente democracia y el estado de derecho.
b) Económicamente, la crisis de 1975 sacó a la luz las graves limitaciones
de la economía española, encubiertas durante la etapa desarrollista. La
incorporación a la CEE ofrecía la posibilidad de paliar los efectos negativos
de la crisis y de acercar el nivel económico al europeo. Así, en 1977 España
inició un programa de reformas alcanzado por consenso (Pactos de la Moncloa),
que constituyó un elemento clave para poder presentar su integración con
posibilidades de éxito. Por su parte, los nuevos miembros aportaban a la
Comunidad diversificación productiva y
mercados de consumo.
Las
negociaciones para la adhesión fueron difíciles, pues España ofertaba productos agrícolas
y pesqueros, que competían con los de otros países comunitarios. Además, la
Comunidad deseaba que Portugal se incorporara igualmente a su ámbito en la
misma ocasión que España. Finalmente, las negociaciones culminaron con la firma
del Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, que entró en vigor el 1 de enero de
1986.
La
integración de España en el espacio comunitario supuso importantes
consecuencias políticas, económicas y sociales:
a) En el terreno político, reforzó el reciente sistema democrático español y
el estado de derecho.
b) En el terreno económico, España presentaba un notable retraso respecto a la
CEE en el momento de su ingreso: su tasa de paro duplicaba a la europea, el PIB
por cabeza era muy inferior y las actividades económicas se caracterizaban por
una baja productividad que les restaba competitividad. En estas circunstancias, la adhesión a la CEE tuvo repercusiones
positivas y negativas:
§ Puso fin a décadas de
aislamiento
y de evolución económica divergente respecto a los países de Europa occidental
y permitió a España acceder a un amplio mercado único.
§ Obligó a realizar un gran
esfuerzo para adaptar sus sectores económicos a las políticas comunitarias sobre agricultura, pesca,
industria, transportes, comercio, etc. Para ello, hubo que realizar un notable
esfuerzo de modernización técnica; aumento de la calidad, productividad y
competitividad, y cuidado medioambiental.
§ En este proceso de
adaptación recibió cuantiosas ayudas económicas europeas
para mejoras estructurales, que han favorecido una progresiva convergencia con
la media comunitaria. Esta mejoría también ha beneficiado a sus socios europeos
en forma de incremento de las exportaciones y de las inversiones.
c) En el terreno social, la incorporación a Europa colaboró
con la modernizacion social de España. Y también a la creaciónd e un Estado del
bienestar homologable al de los otros miembros, con un notable aumento de las
prestaciones sociales y la universalización de la sanidad y la educación.
d) En el terreno cultural, la integración española favoreció los intercambios culturales y
científicos y la movilidad de las personas para viajar, hacer turismo, trabajar
o estudiar.
Respecto a
la posición actual de España en la UE y los retos de futuro deben tenerse en
cuenta los siguientes aspectos:
a) En cuanto a la posición geográfica y demográfica Por su localización geográfica, España, es claramente periférica respecto
al espacio central comunitario y se ha acentuado desde el ingreso de nuevos
países. Su
situación geoestratégica en una encrucijada de mares y continentes, favorece su
papel de mediación entre la UE y los ámbitos atlántico y mediterráneo. Respecto a su superficie y población
colocan a España como el segundo Estado comunitario más extenso y el quinto más
poblado, lo que repercute en el número de diputados que tiene en el Parlamento.
b) En cuanto a la posición política y sus retos:
§ En la
política interior europea, la
posición española se mide por la participación en el proceso de integración
europea. España ha sido siempre un país europeísta y ha tratado de situarse en
el grupo más influyente de la Unión, si bien la dura incidencia de la crisis de
2008 en España ha mermado su prestigio y la capacidad de influencia en Europa.
Por otra parte, la última reforma de las instituciones comunitarias ha restado
cuota de poder a nuestro país.
§ En política
internacional, el reto consiste en
orientar las relaciones europeas hacia cuestiones que favorezcan a España; por
ejemplo, la firma de acuerdos pesqueros con países norteafricanos.
c) En cuanto a la posición económica y sus retos, se debe distinguier entre los estados más avanzados y
los menos avanzados. Respecto a los países
más avanzados (Europa noroccidental), nuestra productividad y competitividad siguen
siendo inferiores por su retraso en
I+D+I, su tecnología y su nivel de formación más bajo. Respecto
a los países menos avanzados (Europa
central y oriental) nuestros productos industriales sufren la competencia de los precios más
baratos de estos países y de su mayor proximidad geográfica al centro de la
Unión.
d) En el terreno social,
las migraciones y el turismo han potenciado la presencia española en Europa. No
obstante, respecto a los países europeos más adelantados, la situación de
España es desfavorable en cuanto a la alta tasa de paro y a la reducción del
bienestar social.
e) El reto socioeconómico
principal de España es recuperar el crecimiento y el empleo. Con este fin , la
UE ha recomendado a España un nuevo modelo de crecimiento, basado en las
prioridades de la Estrategia Europa 2020: un crecimiento inteligente aumentando
el gasto en I+D+I, un crecimiento sostenible más verde y competitivo y un
crecimiento integrador que implique un alto nivel del empleo y desarrolle la lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
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La pintura que hemos escogido para
encabezar esta entrada es un óleo sobre carton titulado El Palacio Real de Madrid [Der
königliche Palast in Madrid] pintado por el suizo Ferdinand Hödler en
1878-1879 durante su estancia en la capital de España.
La imagen procede de la wikipedia:
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